ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE LINARES (2019) SOBRE FRONTERAS.

 Desde sus orígenes, el concepto de política fronteriza, junto al de soberanía, se conectan con la política de Estado como acciones para regular y controlar las relaciones intra e interterritoriales en las áreas de fronteras adyacentes al límite internacional y hacia lo interno del territorio nacional, con un propósito de seguridad y control militar. Estas nociones clásicas están vinculadas estrechamente al proceso de conformación y evolución del Estado-nación, bajo la percepción del Tratado de Westfalia en 1648, a partir del cual los Estados modernos se definen como entidades espaciales asentadas sobre un territorio, determinadas por una línea limítrofe que demarca desde y hasta dónde el Estado ejerce su soberanía y ejecuta su poder (Bradshaw y Linares, 1999). Partiendo de esta concepción, la frontera se concibe como un lugar donde convergen y colindan dos Estados, con sistemas políticos, jurídicos y económicos diferentes, cuyas sociedades de uno y otro lado interactúan a través del límite y construyen una madeja de relaciones e interdependencias económicas, políticas, sociales y culturales a lo largo de su historia. Al respecto, Oliveros (2011) destaca que el término frontera posee dos nociones implícitas; una jurídica o de linealidad, asociada al conocimiento preciso del límite que se suscribe y establece por tratados, acuerdos o negociaciones, convenidas entre las partes, y que demarcan la porción del territorio en la cual el Estado ejerce su jurisdicción. Otra de ámbito espacial o zonalidad, vista como una porción del territorio situado en la periferia del Estado, donde se registran manifestaciones sociales y económicas a través del límite que estimula el movimiento e intercambio de flujos y la consolidación de intereses, acondicionamientos y solidaridades entre fuerzas organizadas legales o ilegales que perfilan el carácter de lo fronterizo. En tanto, la política fronteriza ha coexistido con las nociones de soberanía y frontera. Sevastianov, Laine y Kireev destacan que la política fronteriza generalmente consistía en "decisiones y acciones bastantes primitivas y dispares asociadas con repuestas a situaciones extraordinaria y críticas (amenazas de guerra, migración masiva, propagación de epidemias y otras similares)" (2015, p. 155). Desde la percepción posmodernista, la política fronteriza se define como "un conjunto de acciones emprendidas por las autoridades estatales con el objeto de regular las relaciones transfronterizas dentro del espacio fronterizo (dentro de los límites territoriales de la soberanía del Estado)" (p. 156). Al respecto, Scott (2015) destaca que la política fronteriza se concibe desde la percepción del uso estratégico de la frontera, conectada con la política de Estado, y adaptada a la noción de soberanía bajo control militar, donde las fuerzas militares actúan como garantes de la seguridad del territorio fronterizo y nacional. En este sentido, Armijo (2014) señala que el Estado y su aparato militar no son los únicos responsables de la seguridad, pues esta debe incluir la participación de las instituciones internacionales y los gobiernos regionales o locales, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y opinión pública. Reconoce así los distintos factores militares, políticos, económicos, sociales y ambientales que inciden en la seguridad. Sin embargo, la política fronteriza en la América Latina ha sido lenta, el Estado se ha centrado en el fortalecimiento de una política de seguridad hacia la frontera bajo el control de las instituciones militares. La laxitud de la política fronteriza desde la frontera de México-Estados Unidos hasta Argentina esgrime el discurso opuesto a la apertura de la globalización, la construcción de nuevos muros para evitar la entrada de personas transforma las fronteras en instrumentos de separación al desplazamiento de la población. Basta exponer el caso de dos áreas de fronteras, a los extremos de la región: las de México y Argentina, en donde se registran la mayoría de los elementos que están presentes en mayor o menor grado en las fronteras latinoamericanas. Ramos (2011) destaca que la política de seguridad y de cooperación transfronteriza en la frontera de México y Estados Unidos ha sido incapaz de reducir la inseguridad, la violencia y el crimen vinculados con el tráfico de drogas, la migración laboral, el tráfico de armas, el lavado de dinero, la trata de personas, y mucho menos ha podido reducir las tensiones y los conflictos fronterizos. Mientras que en Argentina, Barrios y Emerich (2017) señalan que las fronteras están institucionalmente bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad, quien cuenta con un plan de "fronteras seguras", y tiene el apoyo del Ministerio de Defensa para la seguridad militarizada de dichos espacios. No obstante, la política de fronteras de Argentina está descontextualizada y desterritorializada en el tratamiento de la problemática de seguridad en los 7000 kilómetros de fronteras terrestres, los cuales están caracterizados por elementos políticos, sociales, económicos y criminales, en los que están presentes problemas de narcotráfico operado por bandas locales con conexiones extrarregionales, sicariato, lavado de dinero, entre otros. Al respecto, la República Bolivariana de Venezuela, expone en su carta magna lo siguiente TÍTULO VII DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN. Capítulo II. Artículo 327. La atención de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la Nación. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico y social, poblamiento y utilización serán regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas allí asentados y demás áreas bajo régimen de administración especial. En conclusión, los problemas para la implementación de políticas públicas en fronteras se seguirán repitiendo mientras los Estados sigan siendo negligentes ante el abandono al que son sometidas por el nivel 16 central, aunado al desconocimiento de la realidad fronteriza, y de la dinámica social, cultural y económica que se entretejen de lado a lado del límite, la no incorporación en la construcción de la política pública de los actores sociales que hacen vida en la frontera, la incompatibilidad de la normativa jurídica y de políticas en el tratamiento de la frontera, como la inaplicabilidad de las mismas, aunado a los problemas presentes no resueltos, y la aparición de nuevos, entre otros.